Con el objetivo de apoyar a las empresas del sector energético frente a este nuevo escenario, Securitas Chile realizó el webinar “Una nueva mirada a la Ley de Seguridad Privada”, dirigido a los socios de GIE (Generadoras Independientes de Energía).
La actividad fue liderada por Aníbal Pérez, Asesor Legal de Securitas, y Exequiel Figueroa, Gerente de Estrategia y Nuevos Negocios, quienes analizaron los principales cambios que introduce la Ley N° 21.659 y los desafíos que enfrentarán las organizaciones durante su proceso de adaptación.
Durante la jornada, los expertos abordaron las nuevas obligaciones que deberán cumplir las empresas y entidades sujetas a la normativa, incluyendo mayores exigencias de control, trazabilidad, reportabilidad y disponibilidad de información ante eventuales procesos de fiscalización. Asimismo, explicaron el rol que asumirá la Subsecretaría de Prevención del Delito como organismo rector del sistema y las nuevas facultades de supervisión contempladas por la ley.
Uno de los temas centrales fue la clasificación de las organizaciones según niveles de riesgo. Los expositores detallaron que variables como la actividad desarrollada, la ubicación de las instalaciones, la concurrencia de público, la ocurrencia de delitos y el carácter estratégico de las operaciones serán determinantes para definir los requerimientos de seguridad y la elaboración de los respectivos Estudios de Seguridad.
Además, se revisó el nuevo régimen sancionatorio, que contempla infracciones leves, graves y gravísimas, junto con multas relevantes para quienes incumplan las disposiciones establecidas. Frente a este escenario, se destacó la importancia de avanzar desde ahora en procesos de capacitación, evaluación de riesgos y fortalecimiento de controles internos.
La tecnología también tuvo un rol protagónico en el encuentro. Soluciones como plataformas de análisis de riesgos, videovigilancia, monitoreo remoto, drones y herramientas de trazabilidad fueron presentadas como elementos clave para responder a las nuevas exigencias regulatorias.
Los participantes coincidieron en que la nueva Ley de Seguridad Privada representa una oportunidad profesionalizar la gestión de la seguridad y avanzar hacia modelos más eficientes, integrados y preparados.
